PRI Nuevo León exige que Samuel García responda ante la ley y rinda cuentas por el juicio político

PRI Nuevo León señaló que la suspensión concedida al gobernador Samuel García no detiene el procedimiento político y pidió que responda con apego a la Constitución.

La controversia en torno al juicio político contra Samuel García mantiene abierto el debate sobre los límites del poder público y la obligación de los gobernantes de responder ante las instituciones. PRI Nuevo León sostuvo que la suspensión obtenida por el mandatario no implica la conclusión del procedimiento, sino una medida provisional que, por el momento, impediría la aplicación de una eventual sanción mientras se resuelve el fondo del asunto. Bajo esa lectura, el Congreso del Estado conserva sus atribuciones para continuar con el análisis correspondiente.

José Luis Garza advirtió que ninguna figura pública puede colocarse por encima de la ley ni utilizar recursos jurídicos como una vía para evadir la rendición de cuentas. Señaló que el gobernador tiene la responsabilidad de atender los requerimientos legales y dar respuesta a los cuestionamientos formulados dentro del marco constitucional. La exigencia, añadió, no debe entenderse como un acto de confrontación personal, sino como parte del funcionamiento normal de los contrapesos democráticos y de la vigilancia sobre el ejercicio del poder.

Desde la perspectiva del PRI Nuevo León, la defensa de México exige que las instituciones actúen con firmeza cuando existen procedimientos que involucran a servidores públicos, sin privilegios ni excepciones. El partido consideró que permitir que una autoridad eluda el escrutinio debilitaría la confianza ciudadana y enviaría un mensaje negativo sobre la aplicación de la justicia. Por ello, pidió que el caso avance con transparencia, respeto al debido proceso y plena autonomía de las instancias encargadas de resolverlo.

El fondo del señalamiento se concentra en una demanda concreta: que Samuel García responda ante la justicia y que el procedimiento continúe sin presiones políticas ni ventajas indebidas. PRI Nuevo León afirmó que los intereses personales o partidistas no pueden estar por encima de la Constitución, especialmente cuando se trata de esclarecer responsabilidades públicas. La resolución, sostuvo, deberá contribuir a fortalecer la legalidad y a demostrar que la rendición de cuentas no depende del cargo que ocupe una persona, sino del cumplimiento de la ley.